Estamos comprometidos con el cumplimiento y respeto de todos los mecanismos de transparencia como el Código de Ética, Manual de Conducta Empresarial, Manual de Gobierno Corporativo, Manual de Conducta para Proveedores y Contratistas, que han sido establecidos a lo largo de nuestra vida empresarial, como fundamento de una cultura basada en valores y principios éticos.
También nos comprometimos con el principio 10 del Pacto mundial de la Organización de las Naciones Unidas, el cual establece que ”las Empresas deberán trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas incluidas la extorsión y el soborno”.
Además, sigue adelante en la lucha contra la corrupción, actuando dentro este marco y teniendo en cuenta las iniciativas y los instrumentos de autorregulación aplicados en la entidad, en especial, aquellos que tienen por objeto mantener un ambiente de transparencia y confianza.
El Fraude, la Corrupción y el Soborno representan hoy en día una problemática compleja que conduce a una distorsión de los mercados, desequilibrando la libre y justa competencia. Los riesgos asociados a estos flagelos son un obstáculo para el acceso a los mercados; afectando la competitividad y representando un perjuicio para el crecimiento rentable y sostenible de las empresas.
Así, en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y por medio del decreto 124 del 26 de enero de 2016, la Secretaría de transparencia, en coordinación con las direcciones de Control interno y Racionalización de trámites y del Empleo público de función pública y el Programa nacional del servicio al ciudadano del DNP, actualizó la metodología para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que contempla la estrategia de lucha contra la corrupción y que debe ser implementada por todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal; EPM da cumplimiento a lo dispuesto.
En el segundo componente, como elemento fundamental para cerrar espacios propensos para la corrupción, se explican los parámetros generales para la racionalización de trámites en las entidades públicas, política que viene siendo liderada por la Función pública, a través de la Dirección de control interno y Racionalización de trámites.
Conocedores de la necesidad de brindar espacios para que la ciudadanía participe, sea informada de la gestión de la administración pública y se comprometa en la vigilancia del quehacer del Estado, en el tercer componente se desarrollan los lineamientos generales de la política de rendición de cuentas, que conforme al artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, hace parte del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. La formulación de esta estrategia está orientada por el proyecto de democratización de la Función pública.
En el cuarto componente se abordan los elementos que integran una estrategia de Servicio al ciudadano, indicando la secuencia de actividades que deben desarrollarse al interior de las entidades para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y garantizar su acceso a la oferta institucional del Estado y a sus derechos. Esta estrategia es coordinada por el DNP, a través del Programa nacional de servicio al ciudadano.
Así mismo, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se establecen los lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de las entidades públicas.
Por la importancia de crear una cultura en los servidores públicos de hacer visible la información del accionar de la Administración pública, el quinto componente desarrolla los lineamientos generales de la política de Acceso a la Información, creada por la Ley 1712 de 2014. Esta política es liderada por la Secretaría de Transparencia.
Finalmente, como sexto componente se sugiere la inclusión de iniciativas adicionales que contribuyan a combatir y prevenir la corrupción.
Encuentra aquí el detalle del mapa de riesgos de corrupción de EPM
Consulta uno a uno los últimos cuatrimestres del Plan anticorrupción y atención al ciudadano EPM:
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