El contrabando, la manipulación o la conexión ilegal de servicios públicos es un delito penalizado en Colombia. El artículo 256 del Código Penal (Ley 599 de 2000) lo tipifica como Defraudación de fluidos: apropiarse de energía, agua, gas natural o telecomunicaciones mediante alteraciones o mecanismos clandestinos. Este delito acarrea penas de prisión de 16 a 72 meses y multas entre 1.33 y 150 salarios mínimos legales vigentes.
¡El robo, contrabando o conexión ilegal de servicios públicos es un delito!
¿Cómo nos afecta el robo de servicios públicos?
Cuando una persona, comercio o empresa se conecta ilegalmente a los servicios públicos, nos afecta a todos.
Los consumos derivados de conexiones ilegales o medidores manipulados los pagamos todos, porque impactan las tarifas de los servicios públicos.
Las conexiones ilegales sobrecargan las redes y afectan la estabilidad y calidad de los servicios públicos:
- Fluctuaciones e inestabilidad en el servicio de energía.
- Baja presión o interrupciones en el agua potable.
- Fallas, intermitencia o baja presión en el gas natural.
Cada robo de energía, gas o agua disminuye los recursos que EPM transfiere al Distrito de Medellín, lo cual impacta el desarrollo de proyectos sociales, infraestructura y programas de ciudad que mejoran la calidad de vida de todos.
La intervención de las redes de servicios públicos para hacer contrabando de servicios públicos compromete tu seguridad y la de tus vecinos. Pueden generar cortos circuitos; explosiones, incendios o intoxicaciones por fugas y acumulación de gas natural; fugas continuas de agua que impacten la estabilidad de terrenos y/o afecten viviendas o empresas aledañas.
