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EPM cuenta con mecanismos específicos para hacerle seguimiento a su gestión empresarial.
Por su naturaleza jurídica está sujeta a diversos controles internos y externos que buscan garantizar el desarrollo de su proceso de gobierno dentro de los principios rectores de la administración pública y de los estándares internacionales de gobierno corporativo.
Sistema de Control Interno
De acuerdo con ellos, los controles en la organización son de dos clases según su naturaleza, internos y externos:
Además del control interno, la naturaleza jurídica de la Entidad, su carácter 100% pública, así como el de ser emisora en el mercado público de valores, le asigna el deber de ser objeto de control externo por parte de diversos organismos en materia de gestión y resultados, actuación de sus funcionarios, gestión pública, gestión financiera y responsabilidad fiscal, entre otros aspectos. La Contraloría General de Medellín y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entre otros organismos, desarrollan de manera periódica auditorias de las cuales se generan acciones permanentes de mejoramiento.
Herramienta de gestión que apoya el logro de los objetivos organizacionales.
Procuraduría, personería con organismos que regulan la actividad como lo son el Concejo Municipal y Control Ciudadano.
Auditoría Externa Financiera, con organismos que regulan la actividad como lo son Banrepública, Supervalores, CNG, DAFP, Superintendencia Ind & Ccio y la DIAN.
Contraloría General de Medellín, con organismos que regulan la actividad como lo es la Contraloría General de la República.
Superservicios, con organismos que regulan la actividad como lo son Planeación Nacional, Comisión de Regulación y Ministerios.
Vigila la gestión pública y sus resultados.
Lo ejercen las corporaciones públicas para que se cumplan los fines del Estado.
Lo ejercen las corporaciones públicas para que se cumplan los fines del Estado.
Vela por el servicio y la sostenibilidad.
Vigila la gestión fiscal y el control de resultados de la administración.
EPM está sujeta al control fiscal, pero no está obligada a tener revisor fiscal, de conformidad con el parágrafo 2º del artículo 13º de la Ley 42 de 1993, por tratarse de una empresa industrial y comercial del Estado, y dado que todo el capital con el que se constituyó y funciona es de naturaleza pública.
Aunque por su naturaleza jurídica EPM no está obligada a tener una auditoría externa, como práctica de gobierno corporativo cuenta de manera permanente con un auditor externo. Dicho auditor externo no puede prestar servicios diferentes a EPM.
La Empresa, tradicionalmente, contrata los servicios de auditoría externa con firmas de reconocida experiencia y trayectoria internacional.
El objeto del contrato es el siguiente: “Prestación de servicios de auditoria externa para EPM y sus filiales internacionales, revisoría fiscal para las filiales nacionales y Estados Financieros consolidados del Grupo EPM, bajo normas NIIF”.
Por la naturaleza pública de EPM y dada la importancia que los servicios públicos domiciliarios tienen en el desarrollo y generación de bienestar de la comunidad, existen diferentes mecanismos de participación ciudadana por medio de los cuales se puede pronunciar para hacer “control social” a los recursos públicos de EPM como patrimonio de la ciudad. La sociedad civil está representada en la opinión pública (medios de comunicación), sindicatos, Concejo de Medellín, Comité Cívico de Seguimiento a EPM, entre otros.
(En Correspondencia con el Modelo MECI - MIPG) Es el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por EPM, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas trazadas por la Junta Directiva y por la Gerencia General, en atención a la visión y objetivos previstos.
“En EPM se gestiona el Control Interno para facilitar la sostenibilidad y el logro de los objetivos empresariales, generando confianza a los grupos de interés. Para tal fin, el Control Interno se evalúa, adapta y mejora permanentemente en correspondencia con las necesidades empresariales, los requerimientos normativos y las mejores prácticas asociadas”.
Liderar la actividad de auditoría interna del Grupo EPM, enmarcada en las actividades de aseguramiento y consulta, con el fin de evaluar y mejorar la eficacia del control, el gobierno corporativo y la gestión de riesgos; para apoyar a la administración en el cumplimiento de los objetivos empresariales.
La auditoría interna cuenta con el estatuto de la actividad de auditoría interna, que define la el propósito, la autoridad, la responsabilidad y el alcance de la Oficina de Control Interno.
La Vicepresidencia está integrada 4 dependencias, Gerencia Auditoría Negocios, Gerencia Auditoría Proyectos y Suministros, Gerencia Auditoría Soporte y la Dirección Gestión y Desarrollo de la Auditoría Corporativa.
La Actividad de Auditoría Interna de EPM debe establecerse al más alto nivel directivo, con el fin de apoyar al Gerente General en la evaluación y el mejoramiento del Sistema de Control Interno, a partir de la verificación, consulta independiente de los temas de riesgos, control y gobierno evitando la participación en actividades que limiten la Independencia y objetividad de la función auditora.
De acuerdo con el Artículo 156 del Decreto 2106 del 2019, expedido por el DAFP, se busca que las entidades cuenten con una herramienta para evaluar sus Sistemas de Control Interno de manera integral y permitirle al Jefe de Control Interno o quien haga sus veces llevar a cabo el informe de evaluación independiente sobre el mismo para su publicación cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad.
Las empresas interactúan con su entorno y los diferentes factores que allí confluyen; el entorno financiero, la política y la competencia, entre otros, constituyen elementos que representan riesgos a la compañía en mayor o menor grado. Los estándares internacionales plantean la necesidad de contar con planes de tratamiento de riesgos, que faciliten su identificación, impacto y la forma de anularlos o mitigarlos, representados en EPM por una gestión integral de riesgos. La gestión de riesgos, como disciplina en el quehacer empresarial, se basa en una serie de estrategias que permiten prevenir la materialización de eventos que puedan afectar el logro de sus objetivos o disminuir su consecuencia en caso de que llegaran a materializarse.
En la administración pública la gestión de riesgos es exigida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno en las entidades públicas.
EPM, con el ánimo de facilitar el logro de sus objetivos estratégicos y actuando dentro del marco legal vigente, viene realizando una gestión integral de riesgos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el literal e) del Artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, EPM publica en este sitio Web los informes de auditoría exigidos dentro de las obligaciones de transparencia activa. Lo anterior, en observancia del principio de máxima publicidad de la información pública y de los deberes de divulgación previstos en la normativa vigente.
No obstante, la publicación de dicha información se realiza con sujeción a las excepciones legales y constitucionales aplicables en materia de acceso a la información pública, así como a las categorías, condiciones y restricciones contenidas en el Índice de Información Clasificada y Reservada disponible en la sección de transparencia de la Entidad. Dichas limitaciones obedecen a la necesidad de proteger información que, por disposición legal, ostenta carácter clasificado o reservado y cuya divulgación podría afectar derechos particulares o intereses públicos amparados por el ordenamiento jurídico.
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Por lo anterior, la publicación de los informes de auditoría debe entenderse realizada bajo los criterios de transparencia, legalidad, proporcionalidad y protección de la información clasificada o reservada, garantizando simultáneamente el derecho de acceso a la información pública y la salvaguarda de los bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento jurídico colombiano.
