En esta categoría se evalúa la capacidad de las entidades para gestionar sus recursos tecnológicos, garantizar la seguridad de la información y utilizar la tecnología de manera eficiente para generar valor público.
EPM apuesta por fortalecer la infraestructura tecnológica, optimizar procesos internos y mejorar la prestación de servicios digitales, asegurando que la tecnología sea un habilitador de alto valor para la ciudadanía y el territorio.